Durante la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, celebrada en Doha (Catar), países de todo el mundo adoptaron la Declaración Política de Doha, un documento que reafirma el compromiso global con la erradicación de la pobreza, el trabajo decente, la igualdad y los derechos humanos. La Cumbre reunió a más de 14.000 participantes, incluyendo más de 40 jefes de Estado y de Gobierno, 170 ministros, líderes de organizaciones internacionales, representantes juveniles, actores de la sociedad civil y expertos, en un intercambio global sobre los desafíos del desarrollo social. La declaración subraya que el desarrollo social y la justicia no pueden alcanzarse sin paz, seguridad ni respeto por los derechos fundamentales. También enfatiza derechos esenciales como la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, el agua y el saneamiento. Uno de los puntos centrales es la necesidad de cerrar la brecha de financiamiento para alcanzar estos objetivos. Las negociaciones sobre una Convención Fiscal de la ONU podrían permitir a los países obtener recursos justos, mediante reglas tributarias transparentes que combatan la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Con estos compromisos, los Estados buscan garantizar los recursos necesarios para cumplir con los derechos humanos y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en un contexto donde la ciudadanía —especialmente los jóvenes— demanda más justicia económica y servicios públicos de calidad.