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Reformas

El Poder Ejecutivo define líneas de acción que se implementarán a partir de recomendaciones del Diálogo Social

20 de Julio del 2026


El Poder Ejecutivo culminó el análisis de las recomendaciones del Diálogo Social y definió las reformas a impulsar durante 2026, priorizando dos objetivos: combatir la pobreza infantil y mejorar las condiciones jubilatorias de la población. Para lograr estos objetivos se definió avanzar en tres medidas: la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, la habilitación del retiro anticipado a los 60 años en el régimen previsional y la introducción de mejoras en el pilar de ahorro individual.

Combate a la pobreza infantil: Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia

El proyecto de Rendición de Cuentas 2025 crea la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza infantil y mejorar la seguridad económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes. 

La reforma, impulsada a partir de las recomendaciones del Diálogo Social, es la mayor transformación del sistema de transferencias a la infancia de los últimos veinte años.

La Asignación Única implicará un incremento significativo de los montos de las prestaciones y una mejora de la cobertura, unificando las transferencias a la infancia, con el fin de dotar de mayor simplicidad y coherencia al sistema, evitando duplicaciones e ineficiencias.

La implementación comenzará en 2027 con los niños de 0, 1 y 2 años, abarcando a más de 50.000 niños y niñas y priorizando los primeros 1.000 días de vida, que tienen un rol crucial en el desarrollo, con un aumento de las transferencias que, en promedio, será del 84%.

Condiciones jubilatorias: acceso a la jubilación a los 60 años y mejoras en el pilar de ahorro individual

En primer lugar, en las próximas semanas el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley para crear una nueva causal de jubilación anticipada, a la que se podrá acceder a los 60 años de edad, con 30 años de aportes.

Esta causal habilita un mecanismo general de acceso, concebido para atender contingencias y brindar mayor flexibilidad ante las diferentes situaciones que atraviesan los trabajadores. La propuesta busca contemplar los problemas de empleabilidad que pueden enfrentar las personas próximas a la edad de retiro, ante los cambios tecnológicos en curso, y atender las desigualdades existentes en el mercado de trabajo, que determinan que los sectores más vulnerables suelen llegar al retiro con mayor desgaste físico y menores posibilidades de mantenerse en el mercado laboral hasta los 65 años.

El diseño mantiene la edad normal de retiro en 65 años y establece incentivos para la postergación de la jubilación, priorizando la protección de las personas de ingresos bajos y medios-bajos que requieran hacer uso de la causal, asegurandola sostenibilidad financiera del sistema previsional. Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a establecer un mecanismo más equitativo y previsible que los regímenes sectoriales actualmente vigentes.

Esta nueva causal está prevista para enfrentar contingencias que dificulten el mantenimiento de las personas en el mercado laboral, por lo que no será compatible con el trabajo ni con el cómputo de servicios bonificados.

En segundo lugar, el Poder Ejecutivo implementará en esta etapa un conjunto de transformaciones en el pilar de ahorro individual del régimen previsional, algunas de las cuales requerirán la introducción de modificaciones legales.

El objetivo central de las transformaciones propuestas es mejorar el monto de las jubilaciones que se generen en el pilar. Las medidas planteadas habilitarán una reducción del costo del seguro colectivo y de las comisiones cobradas por las AFAP –estimada entre un 5% y un 10% de los valores vigentes una vez implementadas en su conjunto– y un incremento en la rentabilidad esperada de los ahorros de los afiliados.

Se avanzará hacia un funcionamiento más integrado del sistema previsional para mejorar la atención a los afiliados, mediante:

  • El desarrollo de una ventanilla única para la jubilación, que centralice el trámite jubilatorio en el BPS o el organismo previsional de amparo, mejorando la experiencia del trabajador como beneficiario del sistema previsional.

  • Más flexibilidad para los trámites de elección de administradora, lo que podrán realizarse tanto en la misma como en el organismo previsional de amparo.

  • Sistemas de información consolidados de los pilares de reparto intergeneracional y de ahorro individual, que permitan un asesoramiento previsional integral y oportuno.

Por otro lado, se perfeccionará el marco regulatorio para promover un sistema más eficiente y competitivo, con una alineación más efectiva de incentivos entre las administradoras y sus afiliados. Para ello, la asignación de los nuevos afiliados a las AFAP se realizará mediante mecanismos que premien simultáneamente la mejor rentabilidad y las menores comisiones, manteniendo en todos los casos la libertad de elección del trabajador. También se rediseñará el seguro colectivo y la estructura de las comisiones que cobran las AFAP, incluyendo un componente variable asociado a los rendimientos de las inversiones.

Finalmente, se considera oportuno implementar medidas que permitan alcanzar una mayor rentabilidad esperada de los ahorros de los trabajadores, mediante una mayor diversificación y diferenciación de las inversiones, con una ampliación gradual de los activos elegibles en el exterior, manteniendo la estricta regulación y supervisión profesional, sujeta a los más altos estándares que caracterizan el esquema actual de inversiones, protegiendo el financiamiento de las inversiones productivas domésticas.

El conjunto de reformas detalladas reafirma la importancia de las recomendaciones que surgieron del Diálogo Social, a partir del intercambio entre los distintos actores políticos, sociales e institucionales participantes, como insumo relevante para orientar las políticas públicas en materia de protección y seguridad social durante los próximos años, para mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Estas recomendaciones ofrecen una hoja de ruta para avanzar hacia un sistema más integrado, equitativo y sostenible, capaz de dar respuesta a los desafíos demográficos, laborales y sociales del país, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas en las distintas etapas de la vida.

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