A través del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional, el gobierno destina unos 15 millones de dólares anuales para obras de gran porte en los 19 departamentos y 112 municipios del país. A su vez, el Fondo de Desarrollo del Interior aporta otros 1.300 millones de pesos cada año para proyectos de infraestructura. Estas inversiones se concretan para la reducción de la pobreza, la desigualdad y las inequidades territoriales.

Los principales ejes de la política de descentralización, iniciada en 2005 y ejecutada a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), apuntan a promover la equidad social mediante el desarrollo de la infraestructura para ciudades sostenibles, la competitividad, el acceso a los servicios y la participación ciudadana.

En este sentido, se concretan transferencias de fondos a las intendencias y municipios por parte del Gobierno mediante diversos mecanismos. “Esto no es simplemente devolver a los territorios lo que ellos aportaron, sino que es devolver un valor agregado que tiene que ver con cómo los uruguayos avanzamos hacia la equidad, hacia los mismos derechos”, explicó el director de Descentralización e Inversión Pública de OPP, Pedro Apezteguía.

Según detalló el jerarca, el cumplimiento de esta meta se refleja de manera progresiva en el desarrollo de obras y servicios, pero también en la mejora de los indicadores, como el índice Gini de desigualdad y la reducción de la pobreza. Explicó, asimismo, que solamente tres departamentos están por encima del 10 % de hogares pobres. “Disminuir esos índices y hacer que cada vez más uruguayos tengan mejores niveles de confort es la prioridad del Gobierno”, añadió.

La descentralización también se desarrolla con el objetivo de mejorar la distribución de la riqueza y promover la participación ciudadana para ejecutar soluciones más precisas para cada territorio. Este esquema también repercute en una mayor eficiencia del gasto público y del funcionamiento del Estado, señaló.

Agregó que los recursos destinados son muy importantes para los gobiernos departamentales, porque estos invierten el 15 % de sus ingresos en obras públicas, con proyectos evaluados por OPP y la Comisión Sectorial de Descentralización. “Ello solo es posible por las transferencias que establecen los artículos constitucionales, pero también la ley de presupuesto”, puntualizó.

Una de las principales herramientas para el financiamiento de obras de gran porte en el interior del país es el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS), que, a través de una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proporciona a las intendencias unos 15 millones de dólares anuales, no reembolsables para las administraciones departamentales, y cuya cuota abona el gobierno nacional. “Esto ha permitido realizar obras señeras en muchos departamentos, de cada vez más impacto en términos urbanos, pero también en términos de servicio al ciudadano”, destacó Apezteguía.

La segunda etapa de este préstamo (PDGS II) extiende el programa hasta 2022 y permitirá financiar 25 obras de gran escala en los 19 departamentos. Los proyectos implicarán, por ejemplo, la renovación total de los accesos de ingreso a algunas capitales departamentales, la construcción del saneamiento en barrios enteros, la edificación de una residencia universitaria, la canalización de cursos de agua, así como obras de cordones, cunetas y pavimentos. El contrato suscripto con el BID en el marco del Congreso de Intendentes prevé un crédito de 75 millones de dólares, a lo que se agrega una contrapartida nacional de 15 millones.

Las obras de gran escala también reciben aportes económicos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), un instrumento de financiación integrado por un porcentaje de los tributos nacionales recaudados fuera de Montevideo, los que se devuelven a los territorios para ser invertidos en proyectos. El 66 % del monto total es ejecutado de manera directa por los ministerios y el 33 % restante conforma el programa FDI, cuya ejecución corresponde a las intendencias. Este monto se distribuye entre los 18 departamentos de acuerdo a un porcentaje calculado en relación con la población y su nivel de desarrollo.

Fuente: Presidencia

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