El programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación cerró su primera edición con un acto en la Sala Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta, donde se entregaron certificados a participantes de Montevideo.

La iniciativa, impulsada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Congreso de Intendentes, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU), implementó más de 5.200 cupos de empleo temporal y formación en todo el país, con el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, el director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó el carácter integral de este programa que “combina políticas de empleo protegido como lo eran los Jornales Solidarios, pero construye un salto cualitativo sustantivo, generando vínculos con las políticas de formación laboral, las políticas educativas y las políticas que atienden el bienestar de la infancia y la adolescencia”. Este camino de articulación, subrayó, debe continuar y profundizarse: “Porque el país no puede darse el lujo de fragmentar sus políticas, y este gobierno, encabezado por Yamandú Orsi, busca quebrar esa fragmentación y mejorar la calidad de los bienes públicos a los que accede la ciudadanía”.

La edición 2025 se desarrolló entre setiembre y diciembre y tuvo una alta participación de mujeres (64%) y personas menores de 40 años (73%). Además, el 20% de quienes participaron no contaba con experiencia laboral previa, lo que posiciona al programa como una puerta de entrada al mercado de trabajo.

La formación fue uno de sus ejes principales: incluyó capacitación en competencias transversales, herramientas para la búsqueda de empleo y cursos técnicos brindados por UTU en distintas áreas. Asimismo, se contemplaron cupos específicos para personas con mayores barreras de acceso al empleo: personas en situación de discapacidad, personas liberadas del sistema carcelario, personas en situación de calle, mujeres atendidas por servicios de violencia basada en género y personas trans.

En este marco, Arim anunció que el Poder Ejecutivo decidió que habrá una segunda edición en 2026 y que continuará trabajando con todas las instituciones y niveles de gobierno para mejorar su alcance e impacto.